Protestas propalestinas reprimidas en España y otras noticias de derechos humanos

Esta semana destacamos las siguientes noticias: En España, protestar contra el genocidio en Gaza puede suponer elevadas multas bajo la Ley del deporte y la Ley Mordaza. Además, las autoridades españolas y argentinas deben ofrecer justicia a las víctimas venezolanas de crímenes de lesa humanidad. En Nicaragua, la muerte de un líder indígena y preso de conciencia bajo custodia debe ser investigada con prontitud y de manera efectiva e independiente. Y terminaremos en Rusia, donde las escuelas (…)Protestar en España contra el genocidio en Gaza puede suponer elevadas multas bajo la Ley del deporte y la Ley Mordaza, detenciones y procesos penales También sufrir los efectos del gas pimienta. Amnistía Internacional ha documentado al menos 95 casos violaciones al derecho a la protesta en el contexto de manifestaciones propalestinas celebradas desde octubre de 2023. Por ejemplo, mostrar una bandera palestina en un partido de baloncesto, sentarse en una carretera durante una etapa de la Vuelta Ciclista o participar en una protesta en el contexto de una prueba deportiva puede acabar en una multa de miles de euros. En algunos casos, incluso de decenas de miles.El ejemplo más reciente ha sido la celebración de la Copa Mundial de Escalada en Alcobendas (Madrid), con participación de Israel, donde se produjeron protestas contra el genocidio en Gaza, y la respuesta policial fue amenazar e identificar a activistas pacíficos.Las autoridades españolas y argentinas deben ofrecer justicia a las víctimas venezolanas de crímenes de lesa humanidad Los crímenes de lesa humanidad, como los cometidos en Venezuela, deben remover la conciencia de toda la comunidad internacional y conducir a acciones tangibles para proteger a las víctimas frente a violaciones de derechos humanos y crímenes bajo el derecho internacional, tanto pasados como futuros.Las víctimas, las comunidades, y sus representantes afrontan riesgos continuos en Venezuela. Su seguridad y derechos, incluyendo, de manera crucial, su derecho a la verdad, la justicia, las reparaciones y las garantías de no repetición, deben ser una prioridad fundamental para las autoridades venezolanas de ahora en adelante.La muerte de un líder indígena en Nicaragua bajo custodia debe ser investigada de manera efectiva e independiente Brooklyn Rivera no debió morir bajo custodia del Estado nicaragüense. Su muerte se produjo tras el empeoramiento de su estado de salud mientras se encontraba en detención arbitraria. Durante este tiempo, las autoridades lo mantuvieron sin paradero confirmado, sin acceso a su familia ni a defensa de confianza y sin supervisión independiente que verificara su situación.Las autoridades nicaragüenses tienen la obligación de proporcionar a la familia de Brooklyn Rivera acceso inmediato y sin restricciones a toda la información relacionada con su detención, las condiciones en las que permaneció privado de su libertad, y las circunstancias de su muerte. Asimismo, deben garantizar la entrega digna de sus restos para que pueda recibir sepultura conforme a sus deseos, respetando su identidad como líder indígena miskitu y las tradiciones de su pueblo.Las escuelas en Rusia se han convertido en “fábricas de sumisión” mediante el adoctrinamiento estatal y la vigilancia de niños y niñas Las autoridades rusas niegan a los niños y niñas el derecho a una educación de calidad utilizando clases y libros de texto cargados de propaganda para adoctrinarlos y justificar la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Además, reprimen la libertad de expresión, el pensamiento independiente y el acceso a la información.Un informe de Amnistía Internacional documenta cómo se somete a los niños y niñas de toda Rusia y la Ucrania ocupada por Rusia a la ideología del Estado a través de un programa de estudios controlado por el poder central. Asimismo detalla cómo profesoras y profesores reciben instrucciones de vigilar a sus estudiantes online, recopilar archivos con información sobre las opiniones que expresan e informar de las opiniones disidentes sobre asuntos políticos y sociales a las autoridades.