Arturo Castillo, consejero del INE, propuso que el Consejo General no declarara la validez de la elección judicial y que se remitieran los expedientes con indicios sobre su invalidez a la Sala Superior del TEPJF y a la Suprema Corte, para que fueran esas instancias las que resolvieran. Sin embargo, su propuesta no obtuvo mayoría. Castillo advirtió que las 818 casillas que se decidió no tomar en cuenta están mostrando prácticas 'profundamente antidemocráticas' que están reapareciendo.