Un grupo internacional de juristas presentó en Ginebra el informe final “El Salvador en la encrucijada: Crímenes de lesa humanidad en el marco de la política de seguridad pública”, en el que concluye que existe fundamento razonable para sostener que, bajo el régimen de excepción, se han cometido detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia del Estado.