¿Qué pasa cuando una gobernadora se niega a rendir cuentas al Senado por permitir operativos ilegales de la CIA en su estado? La respuesta es un juicio político y acusaciones de traición a la patria.
Este episodio arranca con el caso que mantiene en vilo a la República: la operación encubierta de agentes de inteligencia estadounidenses en Chihuahua, que escaló a un desafío institucional cuando la gobernadora María Eugenia Campos se negó a comparecer ante el Senado. Analizamos las implicaciones de esta negativa, la renuncia del fiscal general, el intento de culpar a un fallecido y la revelación de que este no fue el único operativo, sino una práctica sistemática que vulnera la soberanía nacional.
En contraste, revisamos los datos económicos que marcan un punto de inflexión: la tasa de desocupación más baja entre los países de la OCDE en marzo, el incremento histórico del salario mínimo y la reducción de la pobreza laboral a su nivel más bajo registrado. También desmenuzamos el movimiento en la Secretaría del Bienestar, con la salida de Ariadna Montiel y la llegada de Leticia Ramírez, y el blindaje constitucional de los programas sociales como derechos conquistados.
Pero la otra cara de la moneda la encontramos en el informe de la ONU que califica a México como un basurero industrial de Estados Unidos, con mil 142 sitios contaminados y comunidades que han perdido el derecho a morir de viejo. Conectamos esto con el avance del fracking sin consulta en la Huasteca, el despojo inmobiliario en Yucatán, las granjas porcícolas y la privatización de playas, denunciando un modelo de desarrollo que externaliza la muerte.
En el frente político, anticipamos la renovación de la dirigencia nacional de Morena, con Ariadna Montiel como posible nueva presidenta del partido, y los desafíos que enfrenta: aliados incómodos como el Verde y el PT, y la necesidad de construir un liderazgo político con proyecto más allá de la logística electoral.
La impunidad estructural ocupa un lugar central con cuatro casos emblemáticos: la reapertura del caso Naasón Joaquín por presión internacional; los 16 años sin justicia para Bety Cariño, cuyo territorio ahora amenaza la minería; la condena de 22 años para Kenia Hernández por negarse a declararse culpable de un delito fabricado; y el feminicidio de Edith Valdés, revictimizada por una Fiscalía negligente.
También abordamos la publicidad engañosa a menores en redes sociales, donde más del 35% de los anuncios incitan al consumo sin regulación, y la disputa por el espacio público contra el modelo urbano centrado en el automóvil. Cerramos con la ofensiva mediática de The Wall Street Journal contra la presidenta Sheinbaum, la respuesta diplomática por el caso CIA, y la advertencia de que la soberanía se ejerce todos los días, en cada trinchera, contra la lógica del despojo y la subordinación.
