Smart Travel News/ Noticias de turismo
El gasto de los turistas internacionales en España alcanzó los 7.600 millones de euros en febrero de 2026, un 4,6% más interanual, con más de 5,6 millones de llegadas (+2,8%), según el INE. La evolución confirma un mayor crecimiento del gasto frente al volumen de visitantes, con un gasto medio de 1.366 euros por turista y un notable aumento de mercados como el asiático, mientras destinos como Canarias, Cataluña y Andalucía concentraron la mayor parte de la demanda.
La aerolínea Wizz Air ampliará un 32% su capacidad en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat durante 2026, alcanzando más de 9,4 millones de asientos frente a los 6,4 millones de 2025. Este crecimiento incluye el lanzamiento de una nueva ruta entre Barcelona y Londres Luton, reforzando la conectividad internacional y consolidando el papel de la ciudad como uno de los principales hubs de la compañía en Europa.
Puy du Fou España celebra su quinto aniversario tras alcanzar los cinco millones de visitantes desde su apertura en 2021. En este periodo, se ha consolidado como un motor turístico en Castilla-La Mancha, con un impacto económico superior a 250 millones de euros en 2025 y la creación de miles de empleos directos e indirectos.
Las reservas de cara al verano 2026 muestran un cambio de tendencia tras la Semana Santa, con un aumento del interés por destinos emergentes como Albania, Montenegro y Eslovenia, junto al Caribe menos masificado y opciones más auténticas como Samaná o Miches. Según Soltour, los viajeros priorizan cada vez más la flexibilidad y las experiencias personalizadas, sin que pierdan protagonismo los destinos tradicionales como Canarias y Baleares, que siguen liderando la demanda nacional.
La Justicia española ha avalado la posibilidad de que los tripulantes de cabina (TCP) accedan a la jubilación anticipada sin necesidad de acuerdo con la patronal, reforzando una reivindicación histórica del sector. La medida se apoya en el desgaste físico de la profesión y en una dimensión de género, en un contexto en el que el Gobierno deberá decidir si impulsa su aplicación.