Crisis de salud de las personas mayores en Gaza y otras noticias de derechos humanos

Esta semana ponemos el foco en cuatro situaciones graves de derechos humanos: la crisis de salud que enfrentan las personas mayores en Gaza bajo el bloqueo israelí; el ataque de Estados Unidos contra Venezuela y sus implicaciones para el derecho internacional; la escalada de crímenes y represión en el quinto aniversario del golpe militar en Myanmar; y la intensificación de la persecución por motivos religiosos en Egipto. Israel y el Territorio Palestino Ocupado. Las personas mayores de (…)Israel y el Territorio Palestino Ocupado. Las personas mayores de Gaza sufren una crisis de salud desatendida.Las personas mayores de Gaza están sufriendo una grave crisis de salud física y mental como consecuencia directa del bloqueo continuo de Israel a la ayuda humanitaria y a los medicamentos esenciales, según revela un nuevo estudio de HelpAge International y Amnistía Internacional. La escasez de alimentos nutritivos, de atención médica y de alojamiento adecuado está generando condiciones de vida inhumanas para este grupo especialmente vulnerable.El estudio documenta cómo muchas personas mayores se han visto obligadas a saltarse comidas para que otros miembros de sus familias puedan comer, o a racionar medicamentos esenciales para enfermedades graves. Personas mayores desplazadas internamente relataron además que la falta de acceso a servicios básicos, tras múltiples desplazamientos desde octubre de 2023, les está causando un daño extremo. Amnistía Internacional insiste en que las autoridades israelíes deben levantar de inmediato y sin condiciones el bloqueo y permitir la entrada sin trabas de suministros esenciales.Estados Unidos y Venezuela. Un acto de agresión que debilita el orden internacional basado en normas.El ataque de Estados Unidos contra Venezuela el pasado 3 de enero constituye un uso ilegal de la fuerza y un acto de agresión según la Carta de las Naciones Unidas, ha advertido Amnistía Internacional. Esta acción supone una amenaza adicional para el orden internacional basado en normas y pone en peligro directo a la población civil venezolana.Mientras tanto, los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro continúan sin justicia ni garantías de no repetición. En un contexto de represión persistente y de creciente interferencia de Estados Unidos, la población venezolana sigue enfrentándose a una profunda incertidumbre, sin soluciones integrales y duraderas en materia de derechos humanos y con un riesgo creciente para su seguridad.Myanmar. Crímenes internacionales y elecciones fraudulentas bajo el control militar.Desde el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021, la junta militar de Myanmar ha ejercido una represión generalizada y ha cometido abusos en todos los ámbitos de la vida del país. Amnistía Internacional, junto con Fortify Rights y Human Rights Watch, alerta de que los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por el ejército han ido en aumento durante el último año.Las elecciones celebradas entre diciembre de 2025 y enero de 2026 han sido ampliamente descalificadas por considerarse fraudulentas y diseñadas para garantizar la victoria del partido respaldado por el ejército. Las organizaciones de derechos humanos reclaman al Consejo de Seguridad de la ONU y a los gobiernos de la región que intensifiquen su apoyo a la población de Myanmar y garanticen que la junta rinda cuentas por sus crímenes.Egipto. Represión creciente de la libertad religiosa en Internet.Las autoridades egipcias han intensificado en los últimos meses la represión contra la expresión religiosa en Internet, según ha denunciado Amnistía Internacional. Actualmente, al menos 23 personas se encuentran en detención arbitraria únicamente por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de religión o de creencias.En los últimos seis meses, las fuerzas de seguridad han detenido arbitrariamente a al menos 29 personas en seis gobernaciones por publicar contenidos religiosos que se apartan de la narrativa oficial del Estado o por participar en debates online sobre ateísmo y agnosticismo. Muchas de ellas enfrentan cargos falsos como “desprecio de las religiones” y podrían ser condenadas a hasta cinco años de prisión.